La Fiscalía de la provincia Santo Domingo no ejecutará la libertad bajo fianza emitida a favor del presunto sicario Raúl Serumberto Mota Reynoso (Vantroy), vinculado a 36 asesinatos, y, al contrario, le instrumentará un nuevo expediente por falsificación.
Mientras, para hoy está previsto conocer la apelación a la medida de coerción emitida a favor del imputado que fue presentada por el Ministerio Público. La juez que conocerá de la apelación lo es la magistrada Olga Herrera Carbuccia.
El fiscal de la provincia Santo Domingo, Perfecto Acosta, dijo que no ejecutará la orden de libertad de Vantroy, porque la defensa del imputado aun no ha depositado la documentación que certifique la verdadera identidad del supuesto sicario.
La postura de Acosta obedece a la petición que le hizo la Compañía Dominicana de Seguros, de no validar el contrato de fianza que en principio avaló la libertad de Vantroy, dado que los documentos presentados no permiten identificar su verdadera identidad.
“Cortésmente, por medio de la presente le informamos a los fines de ley correspondientes que esta compañía ha decidido suspender y no autorizar el contrato judicial a favor de Vantroy”, dice el documento enviado por la aseguradora al Ministerio Público.
Vantroy permanece preso en la cárcel de la Fiscalía de la provincia Santo Domingo y, de acuerdo a las declaraciones de Acosta, también podría ser sometido por falsificación y doble identidad, por lo que esta jurisdicción está recabando información vinculada al imputado en la Junta Central Electoral.
El amigo y supuesto compañero de andanzas criminales de Vantroy, Juan Bautista Vásquez (Pilito), fue enviado ayer a la cárcel de Najayo, en la provincia San Cristóbal. Del tal Pilito se dice que también participó en la muerte por encargo de cuatro hombres que aparecieron en la Autopista Duarte, con balazos en la nuca.
La decisión de liberar a Vantroy provino de Raúl Rosario Hernández al conocer medidas de coerción presentadas por el Ministerio Público. La Suprema Corte de Justicia canceló a Rosario Hernández por considerar que cometió un atropello en contra de la sociedad.
Pero el presidente del Colegio de Abogados y varios juristas calificaron ayer como violatoria al derecho de defensa la decisión aprobada por el máximo tribunal.
“Pienso que la decisión así tan abrupta por parte de la Suprema Corte de Justicia le violó el derecho de defensa que puede tener ese magistrado, porque lo canceló sin juzgarlo y sin conocer su decisión a fondo”, criticó Diego José García, presidente del gremio que agrupa a los abogados dominicanos.
Los juristas José Fernando Pérez Vólquez, ex presidente del Colegio de Abogados, y Carlos Balcácer, fueron igualmente severos al momento de valorar la cancelación de Rosario Hernández, el juez que ordenó liberar al hombre acusado de estar envuelto en la muerte de 36 personas, por riñas personales, pleitos entre pandillas y a cambio de dinero. “Esa es una decisión muy mala; que envía un mal mensaje y que le mete miedo a los jueces del país. Dijo que sería bueno saber si la Suprema escuchó al juez y si supo por qué él tomó esa decisión, ya que no se puede actuar así.
El apoyo de sus amigos “de infancia”
Mientras el Ministerio Público prepara un nuevo expediente contra Vantroy, amigos y vecinos pidieron a las autoridades ponerlos en libertad, al considerarlo incapaz de cometer las atrocidades que les atribuyen. Los amigos y parientes del imputado llegaron incluso a realizar protestas callejeras en el barrio Los Pinos, del sector Guachupita
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